políticas por sobre aquellas que deberían ser de carácter estrictamente técnico, científico y legal. De aquí deviene la permeabilidad del Sistema a las presiones a través de financiamiento para campañas políticas, entre otras dádivas y pagos extraños.
2) La nula incidencia de los ciudadanos, pues el «procedimiento de participación ciudadana» no es vinculante. Después de anunciar a los cuatro vientos que “sí hay participación ciudadana”, las autoridades se retiran a discernir con lobbystas, recaudadores y representantes de los titulares de los proyectos de inversión. Y allí pasa de todo.
Esto deriva en aprobación de proyectos sin respeto a la ley. Así, los afectados (si disponen de plata) se ven obligados a acudir a la justicia, para reclamar derechos vulnerados por procesos administrativos viciados, cuando la autoridad política ignora el Estado de Derecho y criterios técnicos y científicos, para ceder a intereses extraños. Para muestra, están los casos de Forestal Trillium, la represa Ralco y el tranque de relaves El Mauro, en los cuales la Justicia resolvió la nulidad de los permisos ambientales.
Hoy asistimos a una nueva ‘judicialización’ de la gestión ambiental, a causa de la aprobación plagada de irregularidades del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de AES Gener. Aquí, los vicios fueron coronados por las presiones de la directora nacional de Conaf, Catalina Bau, sobre la oficina metropolitana de esa entidad, a cargo de María Teresa Latorre, para que ésta, según consta en documentos reproducidos por la prensa, otorgara la autorización sectorial al proyecto en contra de la Ley del Bosque Nativo (del 30 de julio de 2008) y del decreto 82.
Para que usted se haga una idea, Catalina Bau es la madre de los hijos del ex ministro Enrique Correa, dueño de la consultora Imaginación, la misma que AES Gener contrató para que hiciera lobby en altas esferas de poder, a fin de lograr lo que usted ya sabe: La aprobación ilegal de 2 centrales hidroeléctricas en el Cajón del Maipo.
Esto permitirá a la empresa contar con un plan de manejo para cortar 3 mil olivillos, 500 guayacanes e impactar especies especies acompañantes y otros bosques de protección. Esto, en el área de los sitios prioritarios 4 y 5 de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad, y en contra del plan de acción diseñado por el Gobierno para acreditar el cumplimiento de la Convención de Diversidad Biológica. El irregular proyecto intervendrá las formaciones geológicas e hidrogeológicas del monumento nacional El Morado y el glaciar y la laguna San Francisco, protegidos por el decreto 531/67 y la Ley 18.362 del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y la Convención de Washington.
La Corema Metropolitana (con todos los votos del Gobierno) visó una mega-intervención de la cuenca del río Maipo y la expropiación de derechos de agua consuntivos de los agricultores. La empresa represará un millón 800 mil metros cúbicos de agua por entubamiento, para trasvasar a través de un túnel de 70 kilómetros desde los ríos Volcán, Yeso y Colorado hacia el Maipo. Así erosionará el lecho del río y afectará la infraestructura de riego que sirve a 120 mil hectáreas y aquella dispuesta para el agua potable de Santiago, además de los puentes sobre el río. Insólitamente, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas ignoró los impactos evaluados y pidió estudios ex post a la construcción del proyecto, mientras que la empresa carece de los derechos de agua en los puntos de captación de sus obras.
Es sabido que tras la corrupción hay siempre un corruptor. AES Gener consideró los costos de esta ‘judicialización’, y por eso presentó un proyecto deficitario, para luego conseguir su objetivo con lobby y compra de voluntades. ¿Qué cree usted, veremos a los ejecutivos rasgar vestiduras ante la Justicia..?
Too much, ¿cierto?
SARA LARRAÍN
DIRECTORA DEL PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE
COMUNICACIONES@CHILESUSTENTABLE.NET
