Por ley,
este tipo de proyectos debe ser aprobado primero por CONAMA
(Comisión Nacional del Medio Ambiente), que tiene la
misión de intermediar entre la empresa ejecutora y
la comunidad, recogiendo de ésta las observaciones
que se tengan en relación al medio ambiente, todo dentro
del marco de lo que se ha llamado Consulta Ciudadana. CONAMA
se asesora con un Comité Técnico integrado por
20 organismos públicos, que integran COREMA (Comisión
Regional del Medio Ambiente), entre ellos la municipalidad
respectiva. Aquí se generan preguntas y respuestas
entre CONAMA y la empresa a través de COREMA, hasta
que se llega a un veredicto. Este procedimiento afecta a los
proyectos de inversión que puedan significar un problema
derivado del impacto ambiental. Según un analista de
un diario de circulación nacional, esta situación
provoca atrasos en la ejecución de los proyectos debido
principalmente a que el proceso de consulta ciudadana
es cada año más complejo y difícil de
resolver para los inversionistas, ya que ha derivado de ser
una instancia técnica a otra en que se presenta una
suerte de pliego de peticiones (Andrés Concha,
Ingeniero Comercial y Secretario General de Sofofa, La Tercera,
7 de Julio.)
El proceso
en el Cajón del Maipo no ha sido la excepción.
CONAMA ha organizado un ciclo de reuniones, en las cuales,
en la primera parte, los ejecutivos de ese organismo explican
el procedimiento para el Estudio de Impacto Ambiental. Luego
expone la empresa su proyecto y finalmente se recoge la opinión
de los asistentes. Estos representan a todos los organismos
locales, como clubes diversos, consorcios hoteleros y comerciales,
comunidades de agua de riego, juntas de vecinos, corporaciones
formadas con fines específicos y vecinos en general,
todos los cuales tienen derecho a opinar.
Informamos
aquí de dos de estas reuniones, la primera en la Escuela
El Manzano el 29 de Junio y la segunda, el 6 de Julio, en
Los Maitenes. Ambas fueron densas y tensas, particularmente
en la de Los Maitenes, a la cual concurrieron los vecinos
que tienen propiedades en las cercanías del estero
El Manzano, donde se instalarían las partes visibles
del proyecto, provocando el rechazo de los afectados por esta
invasión de su propiedad privada y la alteración
de la forma de vida que vinieron a buscar al Cajón
del Maipo. Las diferencias de opinión se suscitan entre
la inocuidad que argumenta la empresa, por haber arbitrado
todas las medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental,
y las aprensiones manifestadas por los residentes del lugar,
que además ven amenazada la seguridad de su salud,
más un sinnúmero de consideraciones, que van
desde la duda por la acumulación de material extraído
de los túneles (marina) con todos los efectos de su
transporte, la seguridad en el mantenimiento de los sistemas
de regadío, hasta la aspiración de que esta
actividad genere numerosas fuentes de trabajo. Entre estas
situaciones que despiertan inquietud, aparecen también
las que manifiestan organismos que hacen usos de los ámbitos
naturales que se verían constreñidos por los
cambios de utilización de los suelos y los desvíos
de las aguas. Especialmente afectada se muestra la Federación
de Clubes de Andinistas y los usuarios del río para
practicar rafting. No son ajenos al carácter de los
reparos expresados en estas reuniones los temores de personas
que sienten inseguridad en el mantenimiento de sus animales,
la falta de luz eléctrica pública generándose
tanta electricidad en ese mismo lugar o el emplazamiento de
una cancha de fútbol que ya no tendría el privilegio
de estar donde se construyó.
Independientemente
de este ciclo legal, se han efectuado numerosas reuniones
en diversas localidades, donde los afectados exponen sus puntos
de vista, que después son trasladados a las reuniones
formales. Una de las últimas de esta reuniones se llevó
a cabo en La Cascada de las Animas, y luego otra, el 21 de
Julio, en el salón de Laennec, con gran asistencia
de autoridades y público. Por otra parte, AES Gener
ha programado visitas a la actual Planta Generadora Alfalfal
I, para que los interesados puedan percibir los efectos que
estas instalaciones podrían provocar en el medio ambiente.
A ellas han concurrido residentes, representantes de las actividades
productivas y comerciales, organizaciones comunitarias y también
representantes de Carabineros, que han manifestado un vivo
interés por apreciar el ambiente donde deberán
ejercer su control.
Como se
advierte en este informe, no podemos conjeturar nada sobre
los términos en que concluirá este proceso.
La determinación la deberán tomar los organismos
competentes, que sin duda deberán poner en juego tanto
los intereses particulares como los públicos y nacionales.